Política de Drogas y la Deforestación en Colombia

El Plan Colombia marcó un enfoque radical contra las drogas, intensificando la lucha y afectando al medio ambiente. En el gobierno del Presidente Álvaro Uribe, la tolerancia cero y la erradicación manual continuaron. Santos cambió hacia una perspectiva de salud pública. Tras el Acuerdo de Paz, se implementó un plan de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos. Duque retomó la persecución contra las drogas y abordó la deforestación. El gobierno actual, encabezado por Petro-Márquez, adopta una visión comunitaria con desafíos financieros y de seguridad.

Por. Juan Diego Rondón Galindo

En Colombia, la política de drogas ha tenido una gran relación con el derecho ambiental.  La relación que se tiene entre estas dos disciplinas, el derecho ambiental y la política pública de drogas, radica en el impacto de los cultivos ilícitos, el tratamiento de la erradicación y astros aspectos. Esta nota abordará la relación entre la deforestación y la política de drogas, pues las economías ilícitas optan por acciones que afectan el sistema de bosques para poder generar las siembras. Es así como “la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (United Nations Office on Drugs and Crime, UNODC), en 2020 identificó que en Colombia las zonas de reserva forestal y los parques nacionales naturales concentraban el 24% de los cultivos de coca a nivel nacional, es decir más de 35.000 hectáreas.” (Global Partnership on Drug Policies and Development, s.F.)

Con la finalización del periodo de Andrés Pastrana como Presidente de la República, Colombia tenía una visión de erradicar las drogas, heredada de los gobiernos que tenían una creciente influencia de los Estados Unidos. En el gobierno del presidente Pastrana se consolida dicha influencia a través del llamado Plan Colombia.

El Plan Colombia, en líneas generales, introdujo a Colombia en una dinámica más robusta, radical y, podríamos decir, en una relación más “traumática” con el problema de las drogas. Lo anterior debido a que “el enfoque de Cesar Gaviria hacia las drogas fuese percibido por Washington como «blando», y el de Samper estuviese caracterizado por la falta de legitimidad y nexos con el narcotráfico” (El plan Colombia, s.f.).

La presentación del Plan Colombia supuso un antes y un después en temas de drogas en Colombia. Esto debido a que, no solo acrecentó la lucha contra el narcotráfico y la violencia en el país, sino que también representó una afectación al medio ambiente. El tratamiento de los cultivos de coca, marihuana y otras plantas en la nación como si fueran per se peligrosas, generó que diferentes poblaciones se desplazaran a territorios donde el cultivo no se viera afectado por la fuerza pública.

Con la llegada a la presidencia de Álvaro Uribe, la política de drogas fue de tolerancia cero, esto evidenciado en el llamado Plan de Seguridad Democrática (PSD). “Respecto al narcotráfico, el gobierno siguió ejecutando políticas de gobiernos anteriores, las cuales estaban basadas en la erradicación manual y fumigación de cultivos ilícitos, con el fin de lograr una reducción de estos cultivos” (Mosquera y Consuegra, 2018).

La dinámica de lucha contra la droga era el eje principal, tomando la deforestación “como una externalidad negativa o consecuencia de los cultivos ilícitos” (Pares, 2022), ignorando así factores como la ganadería, el cultivo lícito, entre otros factores que aportan a la deforestación. Como esta era una rama de la lucha contra las drogas, en el primer mandato Uribe no existieron estrategias claras para la lucha contra la deforestación (Pares, 2022). En su segundo mandato se intensificó la política “Familias Guardabosques”, que involucraban “comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes [que tenían como finalidad que] abandonen voluntariamente sus cultivos ilícitos o se comprometan a nunca insertarse en esta actividad.” (Giraldo y Losada, 2008). “Eso llevó a que no existiera un foco en esa materia y se promediara la deforestación entre 2000 y 2007 en 336.581 hectáreas por año, según el Ideam” (Pares, 2022).

Con la llegada del presidente Juan Manuel Santos la visión de la política de drogas dio un giro, no de 180°, pero sí significativo. Puede decirse que: “durante el periodo 2010-2015, estudiando las propuestas para que se convierta en una política de salud pública” (Mosquera y Consuegra, 2018), se mostró que este no era solo un problema de seguridad, sino también de salud pública.

Firmado el Acuerdo de Paz en 2016, este integra a los pasos para el avance en la visión de la política de drogas, siendo que:

Con la aplicación del acuerdo y con la ayuda del Programa Nacional Integral de Cultivos de Uso Ilícito el gobierno planea ejecutar un plan de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos, el cual se lleva a cabo con las comunidades que firmen los acuerdos de sustitución de cultivos, estas comunidades se comprometen a no volver a sembrar, no comercializar tanto materias primas como drogas ilícitas, para ello el gobierno según el PNIS, se compromete a realizar obras de infraestructura social, ayuda en la sustitución de cultivos por planes de sostenibilidad y recuperación ambiental, ejecutar planes para la formalización de la propiedad, entre otros planes, de esta manera poder aplicar de manera conjunta comunidades, gobierno, y FARC-EP, el acuerdo de paz, realizando este proceso como un compromiso de todos y para todos. (Mosquera, 2018).

Entrado el 2018, ingresa el 7 de agosto el electo presidente Iván Duque Márquez. El gobierno empieza a retomar la visión clásica de persecución y lucha contra las drogas, en lugar de tratarlo como política de salud pública y una política ambiental (Cero Setenta, 2018). Aunque en este caso no solamente el gobierno presenta la posibilidad de la lucha contra las drogas, sino que el legislativo empieza a presentar proyectos de relevancia ambiental, de forma negativa, como lo puede ser el tema de convertir, la prohibición, en ley la erradicación por fumigación con glifosato que no solo era desastrosa para la tierra en que era usada, también era potencialmente cancerígena para la población que cultivara allí (Jiménez Gutiérrez, 2021).

Sin embargo, el Gobierno Duque también tomó medidas para luchar contra la deforestación y otros aspectos ambientales. Por ejemplo, medidas como la modificación el Código Penal para la protección de diferentes recursos, proyecto que apoyó, ya que no fue presentado por él sino por el senador Juan Carlos Losada. En este Gobierno estaban las dos visiones, la de lucha contra las drogas y la de lucha contra la deforestación, logrando una disminución del 34% en la deforestación, pero que generó violaciones sistemáticas a derechos humanos de campesinos y comunidades rurales (Díaz Suárez, 2022).

Por último, el actual gobierno Petro-Márquez con Susana Muhamad como Ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible empezó con una visión diferente, más comunitaria, donde los grupos como las Juntas de Acción Comunal (JAC) han tomado un papel fundamental. Sin embargo, esta visión presenta dos grandes problemas: (i) su financiamiento y (ii) la seguridad de las comunidades.

Aún no se pueden establecer conclusiones especiales sobre el gobierno Petro-Marquéz. Sin embargo, se pueden presentar muchas preguntas, entre ellas: ¿cómo se hará el seguimiento técnico a la erradicación? ¿se perderá pie de fuerza? ¿Cómo se ha tratado la política de drogas en las negociaciones de paz con grupos al margen de la ley?

Conclusiones

• En un análisis inicial, se observa cómo cada uno de los líderes del país ha optado por la solución que considera más adecuada para su época. Se aprecian cambios significativos entre las diversas administraciones, desde estrategias militares hasta un enfoque centrado en la salud pública y el medio ambiente.
• La clara conexión entre la política de drogas y el medio ambiente destaca que algunas estrategias han tenido impactos ambientales, ya sea aumentando o disminuyendo la deforestación. La visión unidimensional de estas estrategias ha provocado efectos en otros sectores que también requieren un nivel de atención similar.
• Por otro lado, se destaca la influencia internacional. A raíz de este análisis, queda evidente que Colombia ha sido históricamente un actor tanto regional como internacional, vinculando su política pública con las directrices de otras naciones.
• Aunque la implementación del Acuerdo de paz contribuye al avance, no resulta suficiente. Pese a que el acuerdo tiene un enfoque específico en temas ambientales y de drogas, su implementación se ve obstaculizada tanto por la evaluación de los presupuestos nacionales como por la voluntad política.

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