Política rural de acceso a tierra para la paz total

La función social que debe cumplir la tierra está ligada al trabajo. La función ecológica indica uso racional de recursos naturales.

Por: Sergio Roldán

El abandono del Estado origina problemas de tierra en Colombia. Reforma Rural Integral, reconoció rezago en la gobernanza de los territorios derivada en alta conflictividad. Disputa violenta sobre la tierra, produjo desplazamiento de más de ocho millones de personas, y su despojo. Reforma Rural es un compendio de medidas para corregir ese estado cosas.[1]

El acceso a tierra es el vehículo de transformación del campo; requiere consolidar un Fondo de Tierras con tres millones de hectáreas para distribuirlas y revertir concentración.[2] El análisis de OXFAM (2018), con datos del Censo Nacional Agropecuario indica que Colombia es el país de América Latina con mayor concentración: 1% de las fincas de mayor tamaño acapara el 81% de la tierra; el 19% de la tierra restante se reparte entre el 99% de las fincas. El 0.1% de las fincas de más de 2000 hectáreas ocupa el 60% de toda la tierra.[3] Estudio del IGAC (2016) arrojó un Gini de 89,9%.[4] Su conclusión es que dicho resultado refleja la inequidad en la distribución de la tierra.

El territorio nacional mide 114 millones de hectáreas. 54% es de propietarios privados “existen cerca de 3,7 millones de predios rurales con una extensión de 61,3 millones de hectáreas. Dichos predios son de 3.552.881 propietarios. Según el IGAC, el 25% de esos propietarios son los dueños del 95% del territorio.  

Persiste vulnerabilidad de población campesina desplazada. El CONPES 4031 de 2021, reconoce que el 63% de las 8 millones registradas permanece por debajo de la línea de pobreza, y de este porcentaje, el 28% se ubica en el rango de pobreza extrema.[5]

La institucionalidad del sector rural lleva décadas paralizada.[6] En relación con la informalidad un documento consultado[7] relaciona la informalidad con la ampliación de la frontera agrícola: “La dinámica de ocupación del territorio en Colombia se ha basado en la falta de títulos de propiedad de los campesinos, que ha convertido a muchos en colonos itinerantes, que no pueden capitalizar su trabajo en la tierra y venden sus mejoras para ser acumuladas en ganaderías extensivas, para desplazarse a fronteras agrarias más distantes, …”.

El balance de la gestión para consolidar el Fondo de Tierras muestra un total incumplimiento del Estado; la meta se desvanece tras los resultados reportados por la Procuraduría General de la Nación en su último informe de evaluación a la política de acceso a tierras (2021), que cuestiona a la Agencia Nacional de Tierras[8] que no priorizó en su gestión, como se lo ordenaba la Constitución, los 170 municipios definidos como áreas PDET.[9] Según el Instituto Kroc, el estado de implementación de la Reforma Rural Integral, RRI es mínimo, se ha implementado tan sólo un 14%.[10]

El país tiene 52% del territorio en bosque natural (IDEAM, 2021). Más de 1.762.000 hectáreas en zonas de preservación y de restauración para la preservación; y 26 millones de hectáreas de exclusión ambiental. (UPRA, 2017: p. 46.).[11] Cuenta con 59 millones de has. de bosque natural; 66% de ese bosque está en la Amazonía colombiana. Cada año, se deforesta en Colombia entre 150 mil y 200 mil hectáreas. Según el Departamento Administrativo para la gestión de Riesgos (2022), Colombia tiene 5 departamentos con alerta roja de deslizamientos (Risaralda, Cauca, Meta, Boyacá y Nariño); los cambios climáticos extremos se repiten con mayor frecuencia y ponen en riesgo a la población asentada en pendientes y montañas.

La actividad humana en la alta montaña provoca deforestación que deriva en erosión del suelo que incrementa la escorrentía que se arrastra en invierno a los ríos causando su sedimentación; esta descarga modifica sus caudales; en invierno pierden su capacidad de almacenamiento y se desbordan provocando deslizamientos, avalanchas e inundaciones con afectación cada vez más grave a la vida de las comunidades. Los efectos sobre la vida imponen la urgencia de adelantar programas de reubicación en zonas de alto riesgo de desastre. Según el IDEAM (2021), las causas de la deforestación son:

• Ampliación de la frontera agrícola en áreas no permitidas;
• Praderización para acaparamiento de tierras;
• Malas prácticas de ganadería extensiva;
• Cultivos de uso ilícito;
• Infraestructura de transporte no planificada;
• Tala ilegal;
• Extracción ilícita de minerales.

Colombia tiene una frontera agrícola de 36 millones de hectáreas que representan el 32% del territorio nacional. La actividad ganadera ocupa más de 30 millones de ha, mientras la agrícola cerca de cinco millones de hectáreas. Los departamentos que mayor presión ejercen sobre su territorio son Santander, Atlántico, Casanare, Córdoba, Magdalena y Sucre (UPRA, 2017, P. 57).

Con las tres cordilleras en que se divide la cordillera de Los Andes, Colombia tiene uno de los índices de complejidad geográfica más altos del mundo. Cada gran cadena montañosa, asciende a más de 4.500 metros sobre el nivel del mar; alturas que son páramos productores de agua; con diferentes pisos térmicos ofrecen ecosistemas ricos en biodiversidad.

Hay dos razones para proteger las montañas. El bosque, fundamental en el ciclo del agua; y, los nacimientos de agua que se convierten en ríos y quebradas que caen en los valles interandinos.

La necesidad urgente de ordenar los recursos naturales para restaurarlos, prioritariamente en zonas frágiles y estratégicas, supone políticas de repoblamiento para reducir presiones socioeconómicas sobre el equilibrio del medio ambiente, mediante procesos de reforma agraria, reubicaciones, compensaciones en procesos de restitución, entre otros mecanismos.

La solución sería un Programa de Acceso con políticas de fomento y productividad en tierras planas, al lado de dobles calzadas, distritos de riesgo, infraestructura y bienes y servicios.

Según Planeación Nacional deben fijarse tres metas: i) El enfoque territorial participativo; ii) Concebir el desarrollo como un proceso integral; y, iii) Desarrollo rural competitivo y ambientalmente sostenible basado, ante todo, en la provisión adecuada de bienes públicos que faciliten el desarrollo tanto de actividades agropecuarias como no agropecuarias. (DNP 2014).[12]

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[1] Fondo de Tierras. Delimitar frontera agrícola. Proteger áreas de interés ambiental. Resolución de conflictos. Jurisdicción agraria. Formalizar. Actualizar catastro que fortalece finanzas locales. Economía solidaria y cooperativa. Protección social. Vías terciarias, electrificación, conectividad y riego. Salud, educación, vivienda, agua y saneamiento.

[2] OXFAM, Radiografía de la desigualdad. Lo que nos dice el último censo agropecuario sobre la distribución de la tierra en Colombia. Bogotá, D.C., 2018. “(…) en las dos últimas décadas la ampliación en la superficie productiva se ha concentrado en las UPAs de mayor tamaño. Las explotaciones de más de 500 hectáreas se han mantenido en torno al 0,4%-0,5% del total. Sin embargo, la superficie que ocupan se ha ampliado enormemente pasando de 5 millones de hectáreas en 1970 (el 29% del área total censada) a 47 millones en 2014, (el 68%). Su tamaño promedio también ha aumentado significativamente, pasando de menos de 1000 hectáreas en 1960 a 5000 hectáreas en 2014. P. 11.

[3] Ib. P. 16.

[4] El Tiempo.com. Desigualdad en la propiedad de la tierra en Colombia. Economía. El 64% de los hogares no cuentan con acceso a la tierra. Bogotá, 26 de noviembre de 2016.

[5] Según el Documento CONPES 4031 DE 2021 “Con relación a las víctimas de desplazamiento forzado, a junio de 2020 se identifica que 2.244.716 han superado la situación de vulnerabilidad.” (P .17).

[6] Procuraduría General de la Nación. Informe sobre el estado de avance de la implementación de las estrategias de acceso a tierras y uso del suelo rural contempladas en el Acuerdo de Paz. Bogotá, 7 de enero de 2021.

[7] USAID, 2010. Lecciones aprendidas en formalización de la propiedad rural. Examen preliminar de experiencias con proyectos pilotos apoyados por USAID. Bogotá, D.C. julio 2010. En http://ccai-colombia.org/files/primarydocs/1007tier.pdf

[8] Procuraduría General de la Nación. Informe sobre el Estado del Avance en la Implementación de las Estrategias de Acceso a Tierras y Uso del Suelo Rural contempladas en el Acuerdo de Paz. Bogotá, 7 de enero de 2021.

[9] Dice la Procuraduría (2021) que “Al analizar las tierras que integran el Fondo de Tierras según datos oficiales, se encontró que el 84,4% de las hectáreas y el 71% de los predios del Fondo no corresponden a municipios focalizados para la implementación de los POSPR, lo cual rompe con el esquema de oferta y barrido predial planteado en el Decreto Ley 902 de 2017, ya que la gran mayoría de gestión territorial se sigue manteniendo por demanda y de manera dispersa.

[10] Matriz de Acuerdos de Paz, Instituto Kroc de Estudios Internacionales de Paz. Cinco años de implementación del Acuerdo Final en Colombia: Logros, desafíos, y oportunidades para aumentar los niveles de implementación, diciembre 2016 – octubre 2021. Notre Dame, IN and Bogotá, Colombia: Matriz de Acuerdos de Paz/Instituto Kroc de Estudios Internacionales de Paz/Escuela Keough de Asuntos Globales, 2021. https://doi. org/10.7274/05741r69f09.

[11] Unidad de Planificación Rural Agropecuaria, UPRA. Informalidad en la tenencia de la tierra en Colombia, 2019. P. 16.

[12] Departamento Nacional de Planeación – DNP. Informe de Misión para la Transformación del Campo: Saldar la deuda histórica con el campo. José Antonio Ocampo (jefe de misión) 2014.    

Imagen: Cultivo de té en bosque de niebla. Autor: Sergio Roldán, 2022