BLOGUEROS INVITADOS
Este espacio está dispuesto para que docentes, investigadores y profesionales del sector ambiental puedan exponer sus ideas y conceptos a través de escritos relacionados con diversos temas del Derecho del Medio Ambiente. Sin embargo, es necesario que se tenga en cuenta que dichos escritos en ningún momento representan ni comprometen la opinión de la Universidad Externado de Colombia.
La Ley 2327 de 2023 definió al pasivo ambiental y estableció los lineamientos para su gestión frente a lo cual el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible deberá reglamentar el alcance de la norma. En esta entrada del blog se indica qué materias son objeto de reglamentación, así como se refiere algunas consideraciones que podrían ser tomadas en cuenta a la hora de reglamentar la ley.
Mucho se mencionan los derechos del hombre relacionados con el ambiente y los usos de los recursos naturales. Por tanto, mucho se discute sobre el papel del Estado y sus agentes en la protección de dichos derechos, lo que ha traído un descuido en tratar sobre los deberes que los ciudadanos tienen para asegurar la protección ambiental y en hacer la ponderación entre unos y otros. Se propone una posición revolucionaria: solo la prevalencia de los deberes, sobre los derechos, asegurará un éxito en las estrategias para lograr el desarrollo sostenible.
Transcurren por esta época las fechas planeadas y pactadas para elegir a los directores generales de las Corporaciones Autónomas Regionales –CARS– (Art. 23, L 99/93). El director (Art. 28, L. 99/93) es ni más ni menos que la máxima autoridad ejecutiva y representante legal de estás autoridades ambientales; nombrado para un periodo de cuatro años por el Consejo Directivo (órgano de administración, Art. 26) que junto con la Asamblea Corporativa (órgano de dirección, Art. 25, L. 99/93), completan la estructura tripartita de las ya mencionadas CARS.
La Región de Matopiba en Brasil ha logrado una efectiva colaboración entre los poderes públicos y la sociedad civil para resolver problemas de tierras y conflictos. El Estado de Piauí, con su Centro de Regularización de Tierras, ha sido un ejemplo en esta iniciativa. Estas experiencias ofrecen lecciones valiosas para abordar problemas y conflictos de tierras en Colombia, promover la paz y la justicia en el ámbito agrario.
El daño moral siempre ha tenido diversas interpretaciones en cuanto a la prueba de su certeza y su cuantía ante la falta de parámetros jurisprudenciales en la mayoría de los casos, en especial el derivado de un daño ecológico puro. Por ello, se debe precisar los alcances del mismo y su análisis válido dentro del juicio de responsabilidad patrimonial del Estado.
La Constitución Política proclamó a Colombia como una nación pluriétnica y multicultural, un reconocimiento histórico, aunque tardío, de la existencia de pueblos indígenas y comunidades negras en el territorio nacional. El reconocimiento de la propiedad de territorios colectivos de comunidades étnicas se traduce en procedimientos administrativos surtidos por el Estado que otorgan la propiedad colectiva. En esta nota se explica los aspectos más relevantes de dichos procedimientos.
Con ocasión a cumplirse en diciembre del presente año los treinta años de creación del Sistema Nacional Ambiental –SINA–, y frente a los retos que impone el cambio climático, surge la necesidad de revaluar algunas de sus concepciones, entre ellas la efectiva regulación de uno de los recursos y espacios más significativos de nuestro país, pero poco explorados desde lo jurídico, es decir, los espacios marinos, costeros y oceánicos y las formas de aprovechamiento sostenible de los recursos que en él se haya. Por ejemplo, en este caso, las aguas marinas superficiales como alternativa a la escasez de recursos hídricos con fines de consumo humano en las zonas costeras colombianas.
La agricultura y la biodiversidad son mutuamente dependientes: la gestión agrícola sostenible puede tener efectos positivos en la biodiversidad y los servicios ecosistémicos que presta, los cuales, a su vez, mejoran las condiciones de producción de alimentos para el bienestar humano.
La minería oceánica ya no es una utopía, es una realidad posible. Sin embargo, los retos que plantea en un contexto de cambio climático y degradación evidente de los ecosistemas no son pocos. Son no solo de tipo ambiental propiamente dicho, sino sobre todo jurídicos. Los minerales existentes en los fondos marinos posiblemente sean la respuesta al enorme reto de consecución de materias primas esenciales para la transición energética, pero es necesario abordar los riesgos de la actividad desde lo jurídico, bajo la premisa de la justicia intergeneracional, desde la ética ambiental, su pertinencia y el papel que jugará el país en este proceso.
Con ocasión de cumplirse en diciembre del presente año, los treinta años del Sistema Nacional Ambiental, SINA, al revaluar sus concepciones, se halla que el compendio normativo que lo incorporó contempló dos maneras de manifestar el SINA: como principio y como norma. En esta nota se enfatiza al SINA principio, es decir, como un marco de referencia obligatorio para la interpretación y desarrollo posterior normativo.