El sector ambiental, a través de esta ley puede llegar a percibir cerca de un billón de pesos al año, que lo que equivale a un 142% más de los recursos asignados en el presupuesto general de la Nación para el 2020.
El acceso a la justicia en materia ambiental es uno de los grandes retos para el Estado pos moderno y por supuesto, la ratificación e implementación del Acuerdo de Escazú se convierten en una oportunidad para empezar a disertar sobre la conveniencia de los tribunales ambientales y el modelo ideal que de respuesta a los diversos conflictos ambientales en Colombia.
Actualmente se discute en la Cámara de representantes el proyecto de ley 047 por medio del cual se dictan disposiciones para la conformación de los tribunales ambientales especializados en Colombia. Desde el punto de vista sustantivo, con la experiencia de los Tribunales Ambientales existentes a escala global y por supuesto con la firma del Acuerdo de Escazú, debe aplaudirse la iniciativa pues ella responde a las necesidades de acceso a la justicia especializada por las que clama el país y que son necesarias en la actualidad.
La actividad pesquera ha sufrido modificaciones en cuanto a su práctica y la actividad pesquera industrial moderna se ha separado de lo que era la actividad de pesca tradicional en nuestro territorio. A la par de la innovación en el uso de tecnologías que permiten capturar mayor cantidad de peces, se han incrementado también los retos del Estado para regular la actividad pesquera y establecer condiciones para el logro del desarrollo sostenible
Colombia tiene un porcentaje de 54,2% de inseguridad alimentaria, esto quiere decir que cada uno de dos hogares tiene insuficiencias en relación con la Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN). Por esta razón es fundamental que el país replantee lo hecho hasta hoy y avance en acoger conceptos como la soberanía alimentaria.
El arbitraje de inversión en asuntos ambientales es un mecanismo procesal para la defensa y protección de derechos. El cual veremos en el contexto de un país como Colombia, con un crecimiento económico (apertura económica a través de la liberalización del mercado) y una gran biodiversidad y un riesgo social alto de los proyectos de alto impacto ambiental; todo ello, en el contexto de nuevo orden económico internacional. Presentaremos una mirada al arbitraje de inversión y, la aplicación del arbitraje de inversión en asuntos ambientales en Colombia en el caso de Eco Oro Minerals Corp. v. Colombia.
El reciente fallo de tutela que reconoció el derecho de supervivencia del perro Clifor como integrante de una familia humana, ha encendido nuevamente el debate sobre los derechos de los animales en Colombia. Esta corta reflexión pretende aportar algunos elementos para la discusión, proponiendo una reinvención de las formas jurídicas que regulan la relación humano-animal, buscando superar el actual modelo de argumentación, basado en normas de clara esencia antropocéntrica
Nuestro planeta está enfermo y deteriorado y no es ninguna casualidad que al mismo tiempo la humanidad haya sufrido en el trascurso de los últimos meses los devastadores embates de la pandemia del Covid-19. Equilibrio ambiental y salud humana son al fin y al cabo dos asuntos directamente relacionados.
Como lo vienen admitiendo numerosos comentaristas en todas las áreas del conocimiento, la aparición intempestiva del COVID-19 llegó para afectar la salud humana, para impactar la actividad del Estado, los negocios, la economía, el rumbo de las políticas públicas, inclusive para dejar huella en las relaciones sociales y en las familiares. Nada más perturbador que ese virus para el diario vivir de los habitantes del planeta, pero también nada más retador que aprovechar el momento para reinventar la gestión del mismo Estado y de los particulares en muchos frentes de trabajo. En la medida en que muchas actividades no volverán a ser lo mismo, debemos intentar convertir una gran dificultad en una oportunidad.
Se tratan estas reflexiones sobre la maniobrabilidad de la participación ciudadana relacionada con la gestión ambiental en el marco de la virtualidad como forma de comunicación impuesta a raíz del Covid 19. El debate gira en torno a si esta nueva manera de relacionamiento es garantista del alcance dado a la intervención comunitaria por la estructura constitucional, o si, por el contrario, no está puesta a punto la tecnología y sus coberturas en los territorios para hacerlo viable con lo cual podría vulnerarse el acceso a una participación eficaz, amplia y suficiente.