Las obligaciones del Estado en materia de protección y garantía de los derechos de acceso en asuntos ambientales se originan, entre otros instrumentos, en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En este marco, el Acuerdo de Escazú busca definir los estándares para garantizar el acceso a la información, participación y justicia ambiental en América Latina y el Caribe, con el fin de generar claridad sobre el ejercicio y alcance de estos derechos.
Acorde con el escenario actual, producto de la alteración en la composición de la atmósfera, principalmente por la acumulación de gases efecto invernadero, se vienen presentando variaciones climáticas extremas. Por esta razón, se han realizado convenios a nivel internacional, como el Acuerdo de Paris de 2015, que en el marco de la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático, propuso un plan de acción para la mitigación o reducción de emisiones de CO2. Este acuerdo fue ratificado por Colombia mediante la Ley 1844 de 2017.
A pesar de que las cuarentenas originadas por el COVID-19 implicaron una mejoría de la calidad del aire de Colombia, tal mejoría es transitoria. La pérdida de la pureza del aire sigue siendo un problema mayúsculo que afecta notablemente la salud, la vida y la economía. Además, el deterioro de la calidad del aire supone importantes retos para las Administraciones Públicas tanto en el uso como en el fortalecimiento de sus herramientas jurídicas.
A propósito del proyecto de corredor verde en la Carrera Séptima de Bogotá, el país inicia un largo camino para transformar y adaptar los espacios urbanos tradicionales y mono funcionales, en escenarios que sean compatibles con la biodiversidad, los servicios ecosistémicos y la identidad ciudadana. A su vez, en soluciones basadas en la naturaleza para los diferentes problemas sociales y ambientales, usualmente más graves en contextos urbanos.
El sector ambiental, a través de esta ley puede llegar a percibir cerca de un billón de pesos al año, que lo que equivale a un 142% más de los recursos asignados en el presupuesto general de la Nación para el 2020.
El acceso a la justicia en materia ambiental es uno de los grandes retos para el Estado pos moderno y por supuesto, la ratificación e implementación del Acuerdo de Escazú se convierten en una oportunidad para empezar a disertar sobre la conveniencia de los tribunales ambientales y el modelo ideal que de respuesta a los diversos conflictos ambientales en Colombia.
Actualmente se discute en la Cámara de representantes el proyecto de ley 047 por medio del cual se dictan disposiciones para la conformación de los tribunales ambientales especializados en Colombia. Desde el punto de vista sustantivo, con la experiencia de los Tribunales Ambientales existentes a escala global y por supuesto con la firma del Acuerdo de Escazú, debe aplaudirse la iniciativa pues ella responde a las necesidades de acceso a la justicia especializada por las que clama el país y que son necesarias en la actualidad.
La actividad pesquera ha sufrido modificaciones en cuanto a su práctica y la actividad pesquera industrial moderna se ha separado de lo que era la actividad de pesca tradicional en nuestro territorio. A la par de la innovación en el uso de tecnologías que permiten capturar mayor cantidad de peces, se han incrementado también los retos del Estado para regular la actividad pesquera y establecer condiciones para el logro del desarrollo sostenible
Colombia tiene un porcentaje de 54,2% de inseguridad alimentaria, esto quiere decir que cada uno de dos hogares tiene insuficiencias en relación con la Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN). Por esta razón es fundamental que el país replantee lo hecho hasta hoy y avance en acoger conceptos como la soberanía alimentaria.
El arbitraje de inversión en asuntos ambientales es un mecanismo procesal para la defensa y protección de derechos. El cual veremos en el contexto de un país como Colombia, con un crecimiento económico (apertura económica a través de la liberalización del mercado) y una gran biodiversidad y un riesgo social alto de los proyectos de alto impacto ambiental; todo ello, en el contexto de nuevo orden económico internacional. Presentaremos una mirada al arbitraje de inversión y, la aplicación del arbitraje de inversión en asuntos ambientales en Colombia en el caso de Eco Oro Minerals Corp. v. Colombia.