Desde un ángulo meramente jurídico, la contaminación atmosférica es, a grandes rasgos, la presencia en la atmósfera de sustancias que tienen la capacidad de generar molestias graves, riesgos o daños sobre seres humanos y bienes de cualquier naturaleza, es decir, animales, plantas y objetos materiales artificiales como, por ejemplo, casas, edificios, estatuas, monumentos, etc. Dicha capacidad depende de la calidad y la cantidad de las sustancias que son emitidas a la atmósfera por, principalmente, fuentes humanas catalogadas como fijas o móviles. De ahí que el Derecho del medio ambiente contenga diferentes instrumentos encaminados a controlar la calidad y la cantidad de esas sustancias. Las normas de niveles de emisión y de niveles de inmisión de contaminantes del aire constituyen una clásica herramienta de control de la cantidad de cada uno de estos en la atmósfera
La protección del ambiente depende ampliamente de la regulación ambiental y la capacidad institucional para hacerla cumplir. Las normas serían eficaces si hacen parte del ordenamiento jurídico y cuentan con validez y vigencia. En muchos casos la eficacia de la legislación ambiental es más simbólica que real, pues esta no se cumple y la expedición de normas tendría fines adicionales, enfocados a la aceptación colectiva y legitimación del Estado, sin ser socialmente efectivas
Los vertiginosos avances tecnológicos y de investigación de las últimas décadas sobre los recursos marinos y oceánicos, han puesto al alcance de los países más desarrollados la posibilidad de explorar y explotar recursos que anteriormente no habían sido regulados por la Convención de la Naciones Unidas para el Derecho del Mar, es por ello que urge alcanzar nuevos acuerdos que permitan lograr un equilibrio en la forma de acceder y beneficiarse de los mismos, basados en los principios de la liberta en alta mar o el de patrimonio común de la humanidad.
Tras varios años de confusiones de competencias y vacíos e inseguridad jurídica, llegan modificaciones al régimen del registro de las plantaciones forestales; tanto protectoras como de carácter comercial. Será importante determinar si estas nuevas normas efectivamente aportan a la creación de la seguridad jurídica que tanto le hace falta al sector forestal colombiano para su desarrollo.
Las áreas marinas protegidas constituyen un mecanismo de preservación y conservación de espacios naturales vulnerables. Las políticas nacionales avanzan en este sentido con celeridad en cumplimiento de los compromisos internacionales. Sin embargo cabe preguntarse, ¿están resultado efectivas estas medidas?
Actualmente, los proyectos de alto impacto ambiental son verdaderos conflictos socio-ambientales en Colombia. Esto se debe a, entre otras cosas, la falta de medición temprana y prioritaria del riesgo social y ambiental. Consideramos que la identificación anticipada en la financiación de dichos proyectos es esencial para determinar el riesgo y adoptar medidas de mitigación, que garanticen los derechos e intereses de todos los actores: empresa privada, financiadores y sociedad civil
Los Bancos de Hábitat son un mecanismo mediante el cual es posible cumplir con las obligaciones de compensación ambiental derivadas de aprovechamientos forestales, impactos en el medio biótico, levantamientos de veda, o sustracciones de reserva forestal temporales o definitivas, así como a través del cual se puede cumplir con la obligación de inversión forzosa de no menos del 1%.
En la doctrina es dable aceptar que los planes de manejo ambiental sólo surgen como consecuencia de los estudios de impacto ambiental cuando quiera que estos se requieren para obtener licencia ambiental o cuando se está en un régimen de transición. Planteamos, desde la definición y características misma del plan de manejo, que este también es consecuencia de las medidas adicionales que se imponen luego de agotar un proceso sancionatorio.
Ningún ecosistema en Colombia, ni en el mundo puede ser estudiado dejando de lado el concepto de “Conectividad Ecosistémica”. La catástrofe ambiental como se ha conocido la llegada de basuras a Puerto Colombia, es sencillamente el resultado de la ausencia de una política pública del recurso hídrico en el país, de años enteros de creer que nuestros ríos son basureros y de actuar conforme la creencia de que el agua es un recurso infinito en este país.
En marzo de 2018 el CE profirió la sentencia 11001-03-24-000-2009-00113-00 (CP: Magistrado Oswaldo Giraldo López). En ella, se afirmó que la gestión de los residuos peligrosos estaba enmarcada en el servicio público de aseo desconociendo los avances que, sobre la materia, ha tenido el MADS. Ahora el interrogante es ¿Qué están haciendo los involucrados en el cumplimiento del fallo para avanzar en lo que implica la orden?