Un nuevo acuerdo internacional que permitirá la salvaguarda de los recursos biológicos en aguas internacionales bajo principios de equidad, conocimiento y respeto al medio ambiente marino.
El 16 de diciembre de 2019, la Corte Constitucional dictó una sentencia significativa en materia de calidad del aire tanto por su parte considerativa como por su parte resolutiva. Por tanto, merece la pena estudiarla y comentarla, sobre todo por la última actualización de las Guías de calidad del aire de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que permite resaltar la importancia del fallo.
La política de prevención del daño antijuridico es una herramienta fundamental para la gestión pública ambiental moderna, y sobre todo para tomar decisiones administrativas basada en el derecho anticipativo. El estado colombiano viene avanzando en la prevención del daño antijuridico en todos los niveles de decisión, es determinante consolidar dichos esfuerzos en todos los sectores administrativos.
El jueves 26 de enero en la Mesa Nacional para el Control de Mercurio organizada por la Procuraduría General de la Nación, se invitaron a diferentes instituciones y actores, a identificar los retos y las barreras que tiene Colombia para erradicar el mercurio.
Hace algunas semanas, Japón dio a conocer la intención de verter al mar aguas contaminadas con residuos radiactivos provenientes de la central nuclear de Fukushima Daiichi cuyas instalaciones se vieron seriamente dañadas a causa del devastador terremoto de magnitud 9,0 en la escala de Richter y el posterior tsunami que golpeó a la isla el 11 de marzo del año 2011.
Los créditos de carbono, mal llamados “bonos de carbono” corresponden a una tonelada de gases efecto invernadero que ha sido reducida o removida a través del desarrollo de un proyecto o actividad. Estos pueden tener como finalidad la compensación de emisiones en el mercado regulado (en el marco de cumplimiento de una obligación legal) o en el mercado voluntario buscando la compensación de huellas de carbono.
Las relaciones internacionales no son en la actualidad una cuestión que se restrinja exclusivamente a las actividades diplomáticas de los Estados-nación, pues debido a la relevancia de los gobiernos subnacionales (estados, gobernaciones, provincias, municipios y ciudades, entre otros) a la hora de materializar proyectos y el contenido de agendas globales, estos últimos han emergido como actores importantes en el escenario internacional, desplegando de forma paralela algunas acciones paradiplomáticas.
Atendiendo el carácter supranacional del ambiente, donde los instrumentos jurídicos y de política internacional juegan un papel transversal y estratégico para la conservación de los ecosistemas y entornos; cada vez cobra mayor importancia la construcción consensuada entre estados, acerca de cómo implementar eficazmente, todas las herramientas, planes y programas a mediano y largo plazo, que permitan migrar de una mera retórica a señales contundentes e inequívocas respecto a la necesidad de aunar esfuerzos cohesionados para aminorar la cargas contaminantes, la deforestación, la variabilidad climática, y otros tantos factores de deterioro al planeta.
Colombia es el país número 14 en ratificar el Acuerdo de Escazú, entre los 24 que lo firmaron. Después de un largo proceso de discusión parlamentaria en las dos cámaras fue aprobado el día de ayer (11 de octubre). Luego del trámite de aprobación cerrado ayer en Congreso de la República, el proyecto de ley deberá surtir el proceso de control por parte de la Corte Constitucional. Posteriormente, el Ejecutivo deberá adherir al instrumento internacional.
Con una nueva composición del Congreso de la República caracterizada por dar una amplia participación a movimientos sociales antes poco representados y el comienzo de un nuevo período legislativo, son muchos los proyectos de ley y de actos legislativos que comienzan a ser conocidos por parte de la ciudadanía, algunos de los cuales contienen reformas en apariencia loables pero que podrían tener algunos aspetos problemáticos a la hora de su aplicación práctica, tanto desde el punto de vista legal como por representar eventuales retrocesos en materia de protección de la biodiversidad del país.