Transcurren por esta época las fechas planeadas y pactadas para elegir a los directores generales de las Corporaciones Autónomas Regionales –CARS– (Art. 23, L 99/93). El director (Art. 28, L. 99/93) es ni más ni menos que la máxima autoridad ejecutiva y representante legal de estás autoridades ambientales; nombrado para un periodo de cuatro años por el Consejo Directivo (órgano de administración, Art. 26) que junto con la Asamblea Corporativa (órgano de dirección, Art. 25, L. 99/93), completan la estructura tripartita de las ya mencionadas CARS.
La Región de Matopiba en Brasil ha logrado una efectiva colaboración entre los poderes públicos y la sociedad civil para resolver problemas de tierras y conflictos. El Estado de Piauí, con su Centro de Regularización de Tierras, ha sido un ejemplo en esta iniciativa. Estas experiencias ofrecen lecciones valiosas para abordar problemas y conflictos de tierras en Colombia, promover la paz y la justicia en el ámbito agrario.
El daño moral siempre ha tenido diversas interpretaciones en cuanto a la prueba de su certeza y su cuantía ante la falta de parámetros jurisprudenciales en la mayoría de los casos, en especial el derivado de un daño ecológico puro. Por ello, se debe precisar los alcances del mismo y su análisis válido dentro del juicio de responsabilidad patrimonial del Estado.
La Constitución Política proclamó a Colombia como una nación pluriétnica y multicultural, un reconocimiento histórico, aunque tardío, de la existencia de pueblos indígenas y comunidades negras en el territorio nacional. El reconocimiento de la propiedad de territorios colectivos de comunidades étnicas se traduce en procedimientos administrativos surtidos por el Estado que otorgan la propiedad colectiva. En esta nota se explica los aspectos más relevantes de dichos procedimientos.
Con ocasión a cumplirse en diciembre del presente año los treinta años de creación del Sistema Nacional Ambiental –SINA–, y frente a los retos que impone el cambio climático, surge la necesidad de revaluar algunas de sus concepciones, entre ellas la efectiva regulación de uno de los recursos y espacios más significativos de nuestro país, pero poco explorados desde lo jurídico, es decir, los espacios marinos, costeros y oceánicos y las formas de aprovechamiento sostenible de los recursos que en él se haya. Por ejemplo, en este caso, las aguas marinas superficiales como alternativa a la escasez de recursos hídricos con fines de consumo humano en las zonas costeras colombianas.
La agricultura y la biodiversidad son mutuamente dependientes: la gestión agrícola sostenible puede tener efectos positivos en la biodiversidad y los servicios ecosistémicos que presta, los cuales, a su vez, mejoran las condiciones de producción de alimentos para el bienestar humano.
La minería oceánica ya no es una utopía, es una realidad posible. Sin embargo, los retos que plantea en un contexto de cambio climático y degradación evidente de los ecosistemas no son pocos. Son no solo de tipo ambiental propiamente dicho, sino sobre todo jurídicos. Los minerales existentes en los fondos marinos posiblemente sean la respuesta al enorme reto de consecución de materias primas esenciales para la transición energética, pero es necesario abordar los riesgos de la actividad desde lo jurídico, bajo la premisa de la justicia intergeneracional, desde la ética ambiental, su pertinencia y el papel que jugará el país en este proceso.
Con ocasión de cumplirse en diciembre del presente año, los treinta años del Sistema Nacional Ambiental, SINA, al revaluar sus concepciones, se halla que el compendio normativo que lo incorporó contempló dos maneras de manifestar el SINA: como principio y como norma. En esta nota se enfatiza al SINA principio, es decir, como un marco de referencia obligatorio para la interpretación y desarrollo posterior normativo.
Hace 30 años, el departamento de San Andrés, Providencia y Santa Catalina fue declarado reserva de biosfera, así como la reserva de biosfera Sea Flower por la UNESCO. A lo largo del tiempo, se han tomado diversas acciones para la conservación ambiental en la región, pero se ha restringido el desarrollo en el departamento y este enfrenta una crisis debido a problemas como la sobrepoblación, la contaminación y falta oportunidades para desarrollar actividades económicas. En ese sentido, se necesita un cambio en el modelo de gestión para lograr un desarrollo sostenible y mejorar la calidad de vida de los habitantes.
De acuerdo con la legislación procesal penal colombiana, se considera víctima a quienes han sufrido un daño real y concreto como consecuencia de una conducta punible. Para que las autoridades ambientales puedan ser consideradas como víctimas ante la ocurrencia de un delito ecológico, deben demostrar que desempeñan funciones de administración de los recursos afectados en el lugar donde han ocurrido los hechos.