Actualmente el derecho ambiental se está transformando rápidamente debido a la innovación tecnológica, a la pandemia de COVID-19, a la preocupación pública por el cambio climático y el surgimiento de movimientos por la justicia social y racial. Este nuevo informe del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente proporciona una evaluación integral de los avances desde la publicación del primer Informe global sobre el estado del derecho ambiental en 2019 (EROL 2019).
La gestión ambiental debe ser revaluada en consideración a la eficacia que pueda tener en Colombia. Si esta está compuesta principalmente por una política pública y una acción que la desarrolle, la mejor combinación de los medios de desarrollo o ejecución puede dar como resultado mejores indicadores. El Sistema Nacional Ambiental no solo son instituciones y actores, es el conjunto de todo aquello que hace posible alcanzar el desarrollo sostenible del país. Los medios, herramientas o instrumentos de desarrollo de la acción ambiental cumplen un rol innegable.
Colombia ha iniciado labores para que el Darién sea designado por la Unesco Reserva de Biosfera, sin embargo, la situación social y ambiental en la que se encuentra actualmente esta área del país refleja la poca atención de las instituciones en torno a la conservación de esta área ambientalmente estratégica para Colombia. Esta declaratoria en caso de ser otorgada por la Unesco a nuestro país implicaría una gestión articulada de todas las instituciones, en primer lugar, para solucionar los problemas que existen actualmente y, en segundo lugar, para garantizar su efectiva conservación en lo sucesivo.
La plusvalía ecológica ilícita es una figura jurídica autónoma y de reciente data que tiene sus bases en la garantía constitucional de tutela judicial efectiva y restitución plena, así como en los principios generales del derecho de buena fe, confianza legítima, prohibición de abuso de derecho y de su ejercicio antisocial y de enriquecimiento sin causa, y se encuentra íntimamente vinculada a los principios ambientales de quien contamina paga y reparación integral de los daños ambientales colectivos.
La Ley 2327 de 2023 definió al pasivo ambiental y estableció los lineamientos para su gestión frente a lo cual el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible deberá reglamentar el alcance de la norma. En esta entrada del blog se indica qué materias son objeto de reglamentación, así como se refiere algunas consideraciones que podrían ser tomadas en cuenta a la hora de reglamentar la ley.
Mucho se mencionan los derechos del hombre relacionados con el ambiente y los usos de los recursos naturales. Por tanto, mucho se discute sobre el papel del Estado y sus agentes en la protección de dichos derechos, lo que ha traído un descuido en tratar sobre los deberes que los ciudadanos tienen para asegurar la protección ambiental y en hacer la ponderación entre unos y otros. Se propone una posición revolucionaria: solo la prevalencia de los deberes, sobre los derechos, asegurará un éxito en las estrategias para lograr el desarrollo sostenible.
Transcurren por esta época las fechas planeadas y pactadas para elegir a los directores generales de las Corporaciones Autónomas Regionales –CARS– (Art. 23, L 99/93). El director (Art. 28, L. 99/93) es ni más ni menos que la máxima autoridad ejecutiva y representante legal de estás autoridades ambientales; nombrado para un periodo de cuatro años por el Consejo Directivo (órgano de administración, Art. 26) que junto con la Asamblea Corporativa (órgano de dirección, Art. 25, L. 99/93), completan la estructura tripartita de las ya mencionadas CARS.
La Región de Matopiba en Brasil ha logrado una efectiva colaboración entre los poderes públicos y la sociedad civil para resolver problemas de tierras y conflictos. El Estado de Piauí, con su Centro de Regularización de Tierras, ha sido un ejemplo en esta iniciativa. Estas experiencias ofrecen lecciones valiosas para abordar problemas y conflictos de tierras en Colombia, promover la paz y la justicia en el ámbito agrario.
El daño moral siempre ha tenido diversas interpretaciones en cuanto a la prueba de su certeza y su cuantía ante la falta de parámetros jurisprudenciales en la mayoría de los casos, en especial el derivado de un daño ecológico puro. Por ello, se debe precisar los alcances del mismo y su análisis válido dentro del juicio de responsabilidad patrimonial del Estado.
La Constitución Política proclamó a Colombia como una nación pluriétnica y multicultural, un reconocimiento histórico, aunque tardío, de la existencia de pueblos indígenas y comunidades negras en el territorio nacional. El reconocimiento de la propiedad de territorios colectivos de comunidades étnicas se traduce en procedimientos administrativos surtidos por el Estado que otorgan la propiedad colectiva. En esta nota se explica los aspectos más relevantes de dichos procedimientos.