¿La hora de los tribunales ambientales en Colombia?

Javier Molina Roa*

El país asiste a una nueva ola de fallos ambientales de gran trascendencia; decisiones que refuerzan la autonomía municipal  para decidir sobre la prohibición de proyectos mineros dentro de su territorio, la prohibición largamente esperada de explotación minera en los páramos, el trascendental fallo del rio Bogotá, como nueva faceta del activismo judicial en la protección del ambiente, las sentencias del Consejo de Estado que otorgan derechos a los animales, las plantas y los páramos y habilitan a cualquier persona para ejercer la representación de  la naturaleza como sujeto de derechos a  través de la Acción Popular, posición avalada  por la Corte Constitucional en un fallo reciente (Corte Constitucional, 2016), sin que este tribunal haya sido inferior a semejante reto jurídico, cuando en la sentencia T-622/16 ha reconocido al río Atrato como  sujeto de derecho, consagrando una serie de prerrogativas  para su defensa, además de la ecléctica y comprometida sentencia de la Corte Suprema de Justicia que concede el habeas corpus a un ejemplar de una especie  emblemática para el país como es el oso de anteojos.

Después de varios años de  cierta inercia judicial donde las sentencias  de los altos tribunales del país en materia de protección y conservación de recursos naturales y el ambiente, no se habían distinguido precisamente por su carácter innovador y desafiante, sino  por su apego a la dogmática tradicional y al enfoque antropocéntrico clásico de interpretación del derecho ambiental,   estos recientes fallos rompen de manera radical con tal esquema y de manera transversal nos recuerdan una propuesta hecha por la entonces Ministra de Justicia Ruth Stella Correa en el año 2013 (El Espectador, 2013), sobre la necesidad de establecer una jurisdicción especializada encargada exclusivamente de la interpretación y aplicación de ese gran cuerpo de normas ambientales con que cuenta el país,  a fin de  lograr mayores niveles de efectividad en materia de  protección ambiental y  disminuir la eficacia simbólica de que se acusa a la legislación sobre recursos naturales y medio ambiente.

Si aún existen dudas o cierto recelo sobre la viabilidad de este tipo de jurisdicción ambiental, no debemos ir muy lejos para constatar que países que hace algunos años miraban hacia Colombia como ejemplo de gestión ambiental pública a través de su Sistema Nacional Ambiental, normas casi que icónicas como el Decreto 2811/74 y la Ley 99/93, amén de sentencias indispensables en el desarrollo de la variable ambiental de la Constitución, hoy  se encuentran implementando jurisdicciones ambientales especializadas como elementos esenciales de sus políticas públicas de protección del patrimonio natural. Chile, Salvador, Bolivia, Costa Rica, México, Brasil  y Argentina  son algunos de los 11 países de América Latina y el Caribe (Pring&Pring, 2009) que han creado o se encuentran en proceso de implementación de cortes y tribunales ambientales como una de las formas de  mejorar el acceso a la justicia y proteger con mayor eficacia el medio ambiente (Minaverry, 2015). De acuerdo con las investigaciones realizadas, la implementación de estos tribunales ha mejorado  la aplicación de la legislación ambiental, la participación pública para la defensa de derechos y el acceso a mecanismos jurídicos relacionados con la protección del medio ambiente, evidenciándose la rápida expansión de esta tendencia, pues para el año 2015 ya existían más de 800 tribunales y cortes ambientales en más de 50 países de todo el mundo que operan bajo diversas sistemas jurídicos como  el derecho civil, common law, derecho asiático y derecho islámico (Pring&Pring, 2015).

Es evidente que muchos sistemas judiciales están tomando en serio la jurisdicción ambiental especializada  como un mecanismo de resolución de conflictos o disputas ambientales que incorpora conocimientos jurídicos  y técnicos específicos, garantiza acceso progresivo de los ciudadanos a un ámbito de justicia de vital importancia, provee mayor seguridad jurídica y realiza  acciones puntuales  de protección del ambiente y los recursos naturales (Burdyshaw, 2012), que en muchos casos no son desarrolladas  suficientemente por el Estado administrativo ambiental (Dryzek, 2005), con sus abultadas burocracias encargadas de la administración,  control y vigilancia de los sistemas naturales.

Nos preguntamos si Colombia con su amplio bagaje y experiencia en materia  de gestión ambiental, su robusto sistema de normas y su experimentada institucionalidad que data de las épocas del INDERENA, cuenta con la capacidad para desarrollar acciones oportunas y de alto impacto desde el ámbito administrativo en materia de protección ambiental o si es necesaria la creación de una jurisdicción especializada que decida  sobre aquellos casos que requieren conocimientos altamente especializados y herramientas jurídicas adicionales que lleven a otro nivel los postulados ecológicos constitucionales y legales. Es claro que en el ámbito contencioso administrativo aún persiste mucho desconocimiento de la normatividad y procedimientos ambientales, lo cual se ha podido evidenciar en múltiples fallos de acciones populares y de cumplimiento, sin que tampoco escapen las acciones de tutela, pues se juzga y se toman decisiones apelando en muchos casos al convencimiento personal del juez y su propia idea de lo que debería ser  el medio ambiente sano, obviando contenidos jurídicos y técnicos específicos que deben guiar los fallos en materia ambiental. Frente a estas falencias podría ser recomendable empezar la tarea que para  el caso de Costa Rica fue iniciada en el año de 1995 con la creación del Tribunal Administrativo Ambiental (Minaverry, 2015) o la que vienen desarrollando El Salvador y Chile con sus tribunales ambientales desde el año 2014 y continuar con el apoyo a la jurisprudencia ecológica emergente, pero desde el marco de una jurisdicción especial que enfrente los nuevos retos del modelo de desarrollo  que se avecina en un país aún con  enormes reservas de recursos naturales y oferta ambiental, garantías para la inversión representadas en estabilidad política, económica y seguridad, escenario que enfrenta el surgimiento y fortalecimiento de nuevas manifestaciones de activismo ambiental y un mayor empoderamiento social del ambiente, procesos facilitados por el posconflicto, las redes sociales  y  un  manejo estratégico del conocimiento jurídico y técnico por parte de la sociedad civil, desafío que requiere nuevas formas de gestión judicial de los asuntos ambientales.

*Miembro del grupo de investigación en Derecho del Medio Ambiente.


BIBLIOGRAFIA:

BURDYSHAW, C. 2012. ¿Qué Puede Aprender Chile de la Experiencia de Otros Tribunales Ambientales en el Mundo?. Revista Justicia Ambiental. Vol. 4 Diciembre. Recuperado en https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2272097

CONSEJO DE ESTADO. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Subsección C Sentencia del 23 de mayo de 2012. Exp. 17001233100019990909 01. M.P. Enrique Gil Botero.

CONSEJO DE ESTADO. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Subsección C. Sentencia del 26 de noviembre de 2013. Rad. 250000-23-24-000-2011-00227-01 (AP).  M. P. Enrique Gil Botero.

CORTE CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA. Sentencia de Tutela T-095 del 25 de febrero de 2016. Exp. T- 5.193.939 M.P. Alejandro Linares Cantillo

CORTE CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA. Sentencia de Tutela T-622 del  10 de noviembre de 2016. Exp. T-5.016.242 M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.

EL ESPECTADOR. 8  de Noviembre de 2013. Minjusticia propone crear jueces especializados en medio ambiente. Recuperado en http://www.elespectador.com/noticias/politica/minjusticia-propone-crear-jueces-especializados-medio-a-articulo-414698

PRING, G. & PRING, C. 2009. Greening Justice. Creating and Improving Environmental Courts and Tribunals. The Access Initiative World Resources Institute. Washington D.C.    138 pp.

PRING, G. & PRING, C.  2015. Specialized Environmental Courts and Tribunals (ECTs) – Improved Access Rights in Latin America and the Caribbean and the World. Inter-American Congress of Environmental Rule of Law. Selected Essays. Organization of American States-OEA. Washington D.C.

MINAVERRY, C. 2015. El avance de la implementación de los tribunales ambientales en América Latina. Gestión y Ambiente 18(2) Universidad Nacional de Colombia Bogotá D.C. pp.95-108.

DRYZEK, J. 2005. The Politics of the Earth. Environmental Discourses. Second Edition. Oxford University Press. New York. 260 pp.