La carencia de una ley de aguas en Colombia, la deficiente gobernanza hídrica y la inefectividad de los principios de gobernanza del agua han generado consecuencias negativas en los ámbitos económico, ambiental y social. La falta de una regulación clara ha dado lugar a una administración fragmentada de los recursos hídricos, generando incertidumbre en la asignación y uso del agua. La ausencia de equidad en la distribución del recurso agudiza desigualdades y la falta de participación ciudadana limita decisiones informadas. Esto afecta la inversión en proyectos, como agricultura e industria, y conlleva problemas ambientales, como sobreexplotación y contaminación. Para abordar estos problemas, se requiere una ley de aguas sólida y una gobernanza efectiva para asegurar una gestión equitativa y sostenible de los recursos hídricos.