Las relaciones internacionales no son en la actualidad una cuestión que se restrinja exclusivamente a las actividades diplomáticas de los Estados-nación, pues debido a la relevancia de los gobiernos subnacionales (estados, gobernaciones, provincias, municipios y ciudades, entre otros) a la hora de materializar proyectos y el contenido de agendas globales, estos últimos han emergido como actores importantes en el escenario internacional, desplegando de forma paralela algunas acciones paradiplomáticas.
Atendiendo el carácter supranacional del ambiente, donde los instrumentos jurídicos y de política internacional juegan un papel transversal y estratégico para la conservación de los ecosistemas y entornos; cada vez cobra mayor importancia la construcción consensuada entre estados, acerca de cómo implementar eficazmente, todas las herramientas, planes y programas a mediano y largo plazo, que permitan migrar de una mera retórica a señales contundentes e inequívocas respecto a la necesidad de aunar esfuerzos cohesionados para aminorar la cargas contaminantes, la deforestación, la variabilidad climática, y otros tantos factores de deterioro al planeta.
Colombia es el país número 14 en ratificar el Acuerdo de Escazú, entre los 24 que lo firmaron. Después de un largo proceso de discusión parlamentaria en las dos cámaras fue aprobado el día de ayer (11 de octubre). Luego del trámite de aprobación cerrado ayer en Congreso de la República, el proyecto de ley deberá surtir el proceso de control por parte de la Corte Constitucional. Posteriormente, el Ejecutivo deberá adherir al instrumento internacional.
Con una nueva composición del Congreso de la República caracterizada por dar una amplia participación a movimientos sociales antes poco representados y el comienzo de un nuevo período legislativo, son muchos los proyectos de ley y de actos legislativos que comienzan a ser conocidos por parte de la ciudadanía, algunos de los cuales contienen reformas en apariencia loables pero que podrían tener algunos aspetos problemáticos a la hora de su aplicación práctica, tanto desde el punto de vista legal como por representar eventuales retrocesos en materia de protección de la biodiversidad del país.
La función social que debe cumplir la tierra está ligada al trabajo. La función ecológica indica uso racional de recursos naturales.
A pesar de que corren tiempos en los que el cambio climático se hace sentir con fuerza una de las causas de los incendios forestales sigue siendo la conducta deliberada de individuos dirigida a quemar espacios boscosos. Vale la pena revisar qué reflejo tiene en el derecho penal este tipo de delitos que ponen en peligro valiosos espacios naturales y que contribuyen a empeorar el problema del cambio climático.
Los fallos del Tribunal Administrativo de Cundinamarca relacionados con la responsabilidad extracontractual del Estado por los daños derivados de la avalancha en Mocoa pueden enmarcarse en el litigio climático por falta de adaptación. El derecho de las víctimas a la reparación lleva a preguntarnos quién debería pagar por las pérdidas y daños ocasionados y la relevancia del Mecanismo Internacional de Varsovia de Pérdidas y Daños para alcanzar la justicia climática a nivel global.
El Big Data, al ser una herramienta de análisis de datos a gran escala, representa una oportunidad para democratizar el acceso a la información en temas ambientales, ayudando en los procesos de medición de escenarios y líneas base para la toma de decisiones tanto públicas como privadas.
La presente nota busca llamar la atención de los mandatarios locales y regionales sobre las bondades que el nuevo Catastro Multipropósito puede generar a sus municipios y departamentos, más allá de ser una fuente de recaudos.
Con el pronunciamiento de la Corte Constitucional sobre la necesidad de prohibir la pesca deportiva, se abre nuevamente el debate acerca de cómo aproximarse a la toma de decisiones que implican la salvaguarda de los derechos de la naturaleza y de como es urgente superar la aplicación, a veces reduccionista del principio de precaución, renunciando a la investigación como insumo prioritario.