El Acuerdo de Escazú es un tratado regional de Derecho Ambiental adoptado el 4 de marzo de 2018 en Escazú, Costa Rica, después de casi 6 años de negociaciones. Si bien es desconocido para muchos, su importancia es fundamental para Latinoamérica y especialmente para Colombia, el tercer país con más líderes ambientales y sociales asesinados, después de Brasil y Filipinas.
Juliana Hurtado Rassi* La Región Amazonia con aproximadamente 7,4 millones de km2 representa el 4,9% del área continental mundial se encuentra conformado por algún porcentaje del territorio de Bolivia, Brasil, Ecuador, Guyana, Perú, Surinam, Venezuela y Colombia. Este ecosistema considerado estratégico a nivel mundial por (1) la capacidad que tiene para regular el clima regional gracias a la gran cantidad de fuentes hídricas que ostenta, entre esas la mayor cuenca hidrográfica del mundo: la cuenca del río Amazonas que tiene una longitud aproximada de 6.600km, con un promedio de 230.000 m3 por segundo y que corresponde a cerca del 20% del agua dulce de la superficie terrestre mundial, (2) ser un bioma reconocido por proveer una serie de servicios ecosistémicos entre los que se pueden mencionar la remoción de contaminantes del aire, la conservación del hábitat de la fauna y la flora silvestre y (3) ser considerado el principal reservorio [...]
Carolina Montes Cortés* Durante décadas el país ha encaminado la gestión de los residuos sólidos hacia su eliminación siguiendo el enfoque sanitario característico de la prestación del servicio público de aseo. Así, rellenos sanitarios, celdas, botaderos a cielo abierto, enterramientos, quemas y disposición en cuerpos de agua han sido las formas de eliminación utilizadas por los municipios y distritos en el manejo de los residuos. Y aunque la forma prevalente de eliminación es la disposición en rellenos sanitarios y en celdas, aún en el país persiste la inadecuada disposición de residuos sólidos. Ciertamente, la gestión de los residuos sólidos supone múltiples retos para las administraciones municipales. Desde la programación de la recogida hasta la disposición definitiva en rellenos sanitarios requieren de la articulación de un complejo andamiaje de acciones que permitan minimizar los impactos que la acumulación de residuos sólidos genera pues en lo que comúnmente se llama ‘basura’, van [...]
Roberto Lastra Mier* y Alba Ruth Vergara** Los mares colombianos constituyen prácticamente el 50% del territorio nacional. El hecho de contar con costas y mares tanto en el Caribe como en el Pacífico, no solo es una afortunada coincidencia geográfica sino que, implica también una gran responsabilidad para gobernar, proteger y conservar un patrimonio de vital importancia para el país y la región. No en vano Colombia posee una enorme diversidad de ecosistemas en sus mares y costas, sino que, además es catalogado como uno de los países con mayor biodiversidad en el mundo y el segundo en biodiversidad marina del continente americano, después de México (Ramírez, 2016; Alonso et al., 2018). Como consecuencia, la gestión ambiental de un territorio de estas proporciones implica para el país un ejercicio de gobernanza y un reto que necesita la acción, no solo del Estado, sino también de la sociedad civil.
Diana Quevedo Niño* En los últimos años ha incrementado la tendencia mundial a buscar la efectividad de las medidas de mitigación y adaptación al cambio climático a través de pronunciamientos judiciales que ordenen al Estado el cumplimiento de sus obligaciones internacionales en la lucha contra este fenómeno y/o que lo declaren responsable por los efectos del cambio climático en su país. Esta tendencia también ha llegado a Colombia al punto que de cara a la temporada de lluvias en el país se cuestiona la responsabilidad del Estado por los daños ocasionados debido a la falta de adaptación a los efectos del cambio climático que ya han sido identificados por algunas entidades estatales (IDEAM y UNGRD).
Eduardo Del Valle Mora* El pasado 16 de enero de 2018, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible profirió el Decreto 050 “por el cual se modifica parcialmente el Decreto 1076 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible en relación con los Consejos Ambientales Regionales de la Macrocuencas (CARMAC), el Ordenamiento del Recurso Hídrico y Vertimientos y se dictan otras disposiciones”, este decreto fue publicado en el Diario Oficial 50.478 del mismo 16 de enero de 2018. El artículo 7 del Decreto 050 de 2018 modificó el artículo 2.2.3.3.4.14 del Decreto 1076 de 2015. El nuevo artículo 2.2.3.3.4.14 del Decreto 1076 de 2015 eliminó la aprobación de los planes de contingencia para el manejo y transporte de hidrocarburos y sustancias nocivas (incluyendo residuos peligrosos) (“PdC”). Así las cosas, a partir de la expedición del Decreto 050 de 2018, es decir desde el 16 de enero de [...]
Jorge Iván Hurtado Mora* Respecto a la gestión de la oferta ambiental y la salvaguarda al derecho superior al goce de un medio ambiente sano, se torna cada día más dinámica, pero también controvertida, la intervención judicial. Desde lo estrictamente jurídico y académico, el análisis es interesante a la hora de encontrar una simetría entre los contenidos de un marco jurídico que debe honrar el principio de legalidad y las decisiones que el juez sienta, a veces de manera osada y visionaria, respecto a donde deben conducirse los esfuerzos de la administración para encontrar la verdadera sostenibilidad del ambiente. Son tiempos contemporáneos los del Derecho, sobre todo al intervenir en un universo tan integral e interdisciplinario como el ambiente, sin embargo con todo y ello, esa estructura se convulsiona, cuando recibe el mandato de un juez reconociendo derechos a un río, a un animal, o advirtiendo que más allá de [...]
Álvaro Hernando Cardona* El interés en compartir estas notas sobre cuerpos lacustres se deriva de la experiencia que nos ha dado al intervenir y hacer seguimiento al cumplimiento de la acción popular que se tramitó por el Tribunal Administrativo de Boyacá (2005)[1]. Acción popular que se presentó fundamentalmente para recuperar la laguna de Fúquene y el río Suárez con el propósito último de mejorar la calidad de la fuente para abastecer de agua el acueducto que se suministra a los habitantes de Chiquinquirá en el departamento de Boyacá. El acueducto mencionado toma sus aguas del río Suárez que empieza a discurrir como desbordamiento de la laguna. De esta experiencia, nos surgió la intención de analizar la dificultad que existe para recuperar cuerpos lacustres que se han desecado o cuyas márgenes, playas y lechos han sido invadidos para destinarlos a actividades económicas, cuando quiera que el dominio privado se ha adquirido [...]
Constanza Bejaramo Ramos* La plataforma intergubernamental científico-normativa sobre diversidad biológica y servicios de los ecosistemas, IPBES, lanzó en el mes de marzo en la ciudad de Medellín el informe integral de evaluación con base empírica del mundo sobre la degradación y restauración del suelo, el cual fue realizado por más de 100 expertos internacionales y tuvo una duración de tres años. La principal conclusión a la que se llegó en el citado informe fue que “(…) La exacerbada degradación del suelo, causada por las actividades humanas está poniendo en riesgo el bienestar de dos quintos de la humanidad, causando las extinciones de especies e intensificando el cambio climático. También, es una de las causas principales de la emigración humana y aumento del conflicto, (…)” (IPBES, 2018). Lo anterior conlleva a que a nivel mundial se reflexione y se revise la reglamentación que cada país ha adelantado en temas de suelo. A [...]
María del Pilar García Pachón* El Magistrado Luis Armando Tolosa Villana, fue el ponente de la Sentencia STC 4360-2018, que decidió una tutela presentada por un grupo de 25 Jóvenes, quienes estimaron amenazados sus derechos como generación futura, a la vida digna, a la salud, a la alimentación y al agua como resultado de la transgresión al derecho a gozar de ambiente sano (art. 79, CP) que se genera por la “omisión e incumplimiento del deber de protección de la Amazonía colombiana por parte de las autoridades competentes”. En la referida tutela se acusó a diferentes autoridades ambientales y entidades territoriales amazónicas ya que sus omisiones e incumplimientos han generado el acrecentamiento en la tasa de deforestación de la Amazonia Colombiana y el consecuente aumento de las emisiones de gases efecto invernadero, incidiendo directamente en la generación del cambio climático en Colombia. Al ser desestimada esta acción por el Tribunal [...]