Del 19 al 23 de noviembre de 2018 se celebró la segunda Conferencia de las Partes del Convenio de Mercurio (COP2) adoptado en 2013, conocido como Convenio de Minamata. Representantes de casi 150 países se reunieron en Ginebra para debatir en torno al objetivo de reforzar los esfuerzos contra la contaminación por mercurio. Entre otras cuestiones, se negociaron importantes decisiones financieras.
Gracias a la ascendente importancia del medio ambiente y a los diferentes intereses relacionados con este, los temas jurídico-ambientales se han vuelto propensos a generar polémica y el relativo al reconocimiento de la naturaleza y de sus elementos como sujetos de derechos no ha sido la excepción. Hay muchos defensores apasionados de este reconocimiento, así como existimos otros tantos que nos oponemos.
La creación de tribunales o salas especializadas en materia ambiental está, nuevamente, en el centro de la discusión académica y política en el sector de ambiente y desarrollo sostenible en Colombia. Esto se debe al aumento de los conflictos ambientales en todo el territorio nacional y a la falta de eficacia administrativa para abordarlos, siendo cuestiones propias de la situación que afronta la gestión pública ambiental.
El calentamiento global de tres grados es el mínimo realista y la perspectiva de un aumento de cinco grados ha llevado a varios de los principales científicos del mundo a advertir el fin de la civilización humana. Sin embargo, los progresos realizados en la reciente Cumbre Global de Acción Climática (GCAS2018) constituyen una esperanza.
Tras los Acuerdos de Paz, y en particular después de la entrega de armas de las FARC, diversos espacios naturales principalmente ubicados en áreas declaradas de protección ambiental, que anteriormente era impensable visitar debido al conflicto armado que en ellas imperaba, ahora quedan al “descubierto”. Algunos son objeto del denominado turismo ecológico y otras están expuestas a la explotación de recursos naturales que en ellos existen.
El Acuerdo de Escazú es un tratado regional de Derecho Ambiental adoptado el 4 de marzo de 2018 en Escazú, Costa Rica, después de casi 6 años de negociaciones. Si bien es desconocido para muchos, su importancia es fundamental para Latinoamérica y especialmente para Colombia, el tercer país con más líderes ambientales y sociales asesinados, después de Brasil y Filipinas.
Juliana Hurtado Rassi* La Región Amazonia con aproximadamente 7,4 millones de km2 representa el 4,9% del área continental mundial se encuentra conformado por algún porcentaje del territorio de Bolivia, Brasil, Ecuador, Guyana, Perú, Surinam, Venezuela y Colombia. Este ecosistema considerado estratégico a nivel mundial por (1) la capacidad que tiene para regular el clima regional gracias a la gran cantidad de fuentes hídricas que ostenta, entre esas la mayor cuenca hidrográfica del mundo: la cuenca del río Amazonas que tiene una longitud aproximada de 6.600km, con un promedio de 230.000 m3 por segundo y que corresponde a cerca del 20% del agua dulce de la superficie terrestre mundial, (2) ser un bioma reconocido por proveer una serie de servicios ecosistémicos entre los que se pueden mencionar la remoción de contaminantes del aire, la conservación del hábitat de la fauna y la flora silvestre y (3) ser considerado el principal reservorio [...]
Carolina Montes Cortés* Durante décadas el país ha encaminado la gestión de los residuos sólidos hacia su eliminación siguiendo el enfoque sanitario característico de la prestación del servicio público de aseo. Así, rellenos sanitarios, celdas, botaderos a cielo abierto, enterramientos, quemas y disposición en cuerpos de agua han sido las formas de eliminación utilizadas por los municipios y distritos en el manejo de los residuos. Y aunque la forma prevalente de eliminación es la disposición en rellenos sanitarios y en celdas, aún en el país persiste la inadecuada disposición de residuos sólidos. Ciertamente, la gestión de los residuos sólidos supone múltiples retos para las administraciones municipales. Desde la programación de la recogida hasta la disposición definitiva en rellenos sanitarios requieren de la articulación de un complejo andamiaje de acciones que permitan minimizar los impactos que la acumulación de residuos sólidos genera pues en lo que comúnmente se llama ‘basura’, van [...]
Roberto Lastra Mier* y Alba Ruth Vergara** Los mares colombianos constituyen prácticamente el 50% del territorio nacional. El hecho de contar con costas y mares tanto en el Caribe como en el Pacífico, no solo es una afortunada coincidencia geográfica sino que, implica también una gran responsabilidad para gobernar, proteger y conservar un patrimonio de vital importancia para el país y la región. No en vano Colombia posee una enorme diversidad de ecosistemas en sus mares y costas, sino que, además es catalogado como uno de los países con mayor biodiversidad en el mundo y el segundo en biodiversidad marina del continente americano, después de México (Ramírez, 2016; Alonso et al., 2018). Como consecuencia, la gestión ambiental de un territorio de estas proporciones implica para el país un ejercicio de gobernanza y un reto que necesita la acción, no solo del Estado, sino también de la sociedad civil.
Diana Quevedo Niño* En los últimos años ha incrementado la tendencia mundial a buscar la efectividad de las medidas de mitigación y adaptación al cambio climático a través de pronunciamientos judiciales que ordenen al Estado el cumplimiento de sus obligaciones internacionales en la lucha contra este fenómeno y/o que lo declaren responsable por los efectos del cambio climático en su país. Esta tendencia también ha llegado a Colombia al punto que de cara a la temporada de lluvias en el país se cuestiona la responsabilidad del Estado por los daños ocasionados debido a la falta de adaptación a los efectos del cambio climático que ya han sido identificados por algunas entidades estatales (IDEAM y UNGRD).