En el marco de la COP 2 del Acuerdo de Escazú que está teniendo lugar en Buenos Aires (Argentina), se esperan decisiones importantes en materia de conformación del Comité de Apoyo a la Aplicación y el Cumplimiento y experiencias de los países que están implementado el instrumento más ambicioso de democracia ambiental para América Latina.
A partir de la segunda mitad del siglo XX, el mundo comenzó a inferir que el desarrollo y la preservación de los ecosistemas era un propósito complejo y con muchos matices. Durante las décadas siguientes, el interés por los temas ambientales se incrementó exponencialmente, a tal punto que, actualmente es parte inseparable de la agenda política mundial, tal como lo evidencian los grandes acuerdos mundiales al respecto.
Según el Informe Global sobre Cocaína presentado por Naciones Unidas este año, el cultivo mundial de coca creció un 35% entre 2020 y 2021, siendo Colombia, Perú y Bolivia los mayores productores de coca del mundo (UNODC, 2023).
Desde hace aproximadamente dos décadas se venía negociando un tratado que tiene como objetivo principal garantizar la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica marina de áreas fuera de la jurisdicción nacional.
Un nuevo acuerdo internacional que permitirá la salvaguarda de los recursos biológicos en aguas internacionales bajo principios de equidad, conocimiento y respeto al medio ambiente marino.
El 16 de diciembre de 2019, la Corte Constitucional dictó una sentencia significativa en materia de calidad del aire tanto por su parte considerativa como por su parte resolutiva. Por tanto, merece la pena estudiarla y comentarla, sobre todo por la última actualización de las Guías de calidad del aire de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que permite resaltar la importancia del fallo.
La política de prevención del daño antijuridico es una herramienta fundamental para la gestión pública ambiental moderna, y sobre todo para tomar decisiones administrativas basada en el derecho anticipativo. El estado colombiano viene avanzando en la prevención del daño antijuridico en todos los niveles de decisión, es determinante consolidar dichos esfuerzos en todos los sectores administrativos.
El jueves 26 de enero en la Mesa Nacional para el Control de Mercurio organizada por la Procuraduría General de la Nación, se invitaron a diferentes instituciones y actores, a identificar los retos y las barreras que tiene Colombia para erradicar el mercurio.
Hace algunas semanas, Japón dio a conocer la intención de verter al mar aguas contaminadas con residuos radiactivos provenientes de la central nuclear de Fukushima Daiichi cuyas instalaciones se vieron seriamente dañadas a causa del devastador terremoto de magnitud 9,0 en la escala de Richter y el posterior tsunami que golpeó a la isla el 11 de marzo del año 2011.
Los créditos de carbono, mal llamados “bonos de carbono” corresponden a una tonelada de gases efecto invernadero que ha sido reducida o removida a través del desarrollo de un proyecto o actividad. Estos pueden tener como finalidad la compensación de emisiones en el mercado regulado (en el marco de cumplimiento de una obligación legal) o en el mercado voluntario buscando la compensación de huellas de carbono.