Durante siglos el hombre ha utilizado los recursos naturales como sustento del desarrollo humano y el crecimiento económico que conduce al bienestar de la sociedad. Sin embargo, el cambio climático y sus efectos en el bienestar de todos, plantea grandes desafíos que imponen corregir la intensidad de explotación de la naturaleza para revertir su destrucción progresiva. Este artículo invita a reflexionar sobre la necesidad de repensar el derecho de medio ambiente.
Uno de los principales aportes de la Constitución Política de 1991 es la incorporación de la variable ambiental en más de treinta de sus artículos, motivo por el cual se le ha venido llamando desde entonces como una verdadera Constitución ecológica. Las actuales generaciones deben conocer cómo se dio ese proceso al interior de la Asamblea Nacional Constituyente y quiénes fueron sus principales promotores.
Uno de los principales aportes de la Constitución Política de 1991 es la incorporación de la variable ambiental en más de treinta de sus artículos, motivo por el cual se le ha venido llamando desde entonces como una verdadera Constitución ecológica. Las actuales generaciones deben conocer cómo se dio ese proceso al interior de la Asamblea Nacional Constituyente y quiénes fueron sus principales promotores.
Uno de los principales aportes de la Constitución Política de 1991 es la incorporación de la variable ambiental en más de treinta de sus artículos, motivo por el cual se le ha venido llamando desde entonces como una verdadera Constitución ecológica. Las actuales generaciones deben conocer cómo se dio ese proceso al interior de la Asamblea Nacional Constituyente y quiénes fueron sus principales promotores.
La reacción jurídica frente a la crisis ambiental que presenciamos exige el uso de todas las herramientas necesarias para responder de manera adecuada y contundente frente a aquellas conductas que afectan a la viabilidad de la naturaleza y de sus elementos. Por ello, es inevitable que el derecho penal intervenga ante la persistente degradación del entorno natural (Vercher Noquera, 2003).
La protección y restauración de los ecosistemas de “carbono azul” se constituye en uno de los temas en los que la Colombia bioceánica debería volcar su atención, lo anterior con el objetivo de cumplir diferentes compromisos internacionales en materia de cambio climático y preservación de la biodiversidad, entre otros aspectos como garantizar la seguridad alimentaria de las comunidades que dependen de los servicios ecosistémicos que prestan estos ecosistemas.
La Comunidad Andina (CAN) avanza en la consolidación de una Carta Andina Ambiental como respuesta los problemas ambientales de la región, que alberga un gran patrimonio natural. Analizaremos el instrumento regional a la luz de su alcance, normas sustantivas, normas procedimentales y los principales retos para su implementación efectiva.
La erradicación de cultivos ilícitos mediante aspersión aérea de glifosato es un tema de vieja data en el país, así como el debate que se origina a su alrededor en estos tiempos -convulsionados tiempos- donde la polarización ha alcanzado la gestión ambiental, y cuya solución sigue gobernada por el vaivén de fallos judiciales, o algunos instrumentos legales que abordan el tema de manera sectorizada, sin el vigor de una norma superior.
La Ley de Víctimas no contempló medidas a la problemática de los ocupantes secundarios que se encuentran en los predios restituidos a los reclamantes. Los Principios Pinheiro señalan que los Estados debe prevenir el desalojo forzado de quienes ocupan los predios sin perjuicio de los derechos del reclamante. Con ocasión del Proyecto de Ley que cursa en el Congreso de la República sobre segundos ocupantes el artículo ofrece varias recomendaciones.
El Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, más conocido como Acuerdo de Escazú entrará en vigor el día de hoy luego de agotados los tramites internos de los 12 países que lo ratificaron. Es un instrumento regional de gran importancia jurídica en materia de información, participación ciudadana, acceso a la justicia y protección de defensores de derechos humanos en materia ambiental.